Durante las primeras décadas del siglo XXI, América Latina vivió una de las expansiones institucionales más significativas en materia de transparencia gubernamental. Casi todas las democracias de la región adoptan marcos legales específicos, impulsadas por una combinación de demandas ciudadanas, reformas internas e incentivos internacionales, para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Estas normativas no sólo representaban un cambio técnico en la gestión de documentos estatales, sino una apuesta normativa y política por redefinir la relación entre Estado y sociedad, democratizar el conocimiento sobre lo público (Aguilar, 2006), y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas (Stiglitz, 1999; Przeworski, Stokes, y Manin, 1999). A la par de estas reformas, surgieron organismos autónomos garantizados, plataformas digitales de acceso masivo y redes de vigilancia ciudadana orientadas a transformar la opacidad estructural de los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, este impulso reformista -que en su momento posicionó a la región como referente internacional en materia de transparencia- parece haber llegado a un punto de inflexión. En años recientes, múltiples indicadores y estudios apuntan a una tendencia preocupante: la erosión de los marcos institucionales que sustentan el derecho a saber. Este fenómeno, lejos de ser episódico o anecdótico, se manifiesta en distintos países con diferentes intensidades y formas, pero responde a lógicas estructurales similares: concentración de poder, debilidad institucional, captura de órganos autónomos y creciente indiferencia -cuando no abierta hostilidad- hacia los principios de publicidad gubernamental. El presente volumen parte de ese diagnóstico y busca ofrecer una mirada crítica y comparada sobre los retrocesos en el acceso a la información pública en América Latina. A través del análisis de seis estudios de caso -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú- se examinan no sólo los factores que explican esta regresión, sino también las resistencias institucionales, sociales y jurídicas que buscan contrarrestarla. Este enfoque permite articular una reflexión colectiva que trasciende la singularidad de cada país y apunta a una lectura regional de las amenazas actuales contra la transparencia.