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El Sistema ha sido diseñado a partir de siete leyes que sustentan su sentido, alcance y finalidad. Esta circunstancia lo erige en una estrategia de gobierno que se orienta a erradicar uno de los problemas más complejos del país como es la corrupción. Su necesidad no está a discusión. Su utilidad se justifica en la medida que la corrupción que tiene orígenes diversos y carácter multifacético en su concreción, tiene que ser combatida a fondo para evitar que el Estado mexicano sea convertido en un botín y en un sistema de incentivos perversos que ocasionan abuso, arbitrariedad y daño patrimonial. El Estado mexicano tiene que revertir las causas y efectos que propician la corrupción en sus ámbitos institucionales y en esa medida, el Sistema Nacional Anticorrupción es la expectativa que desde las esferas del poder se impulsa para frenar los costos públicos que multiplica. 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Doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Maestría y Doctorado en Administración Pública del INAP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno Federal. Ha recibido el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales 2013 que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, en 2011, la Medalla al Mérito Administrativo "José María Luis Mora" que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública.
[toc] => Introducción 7
Estrategia de trabajo 12
Agradecimientos 13
Capítulo I.
Democracia, Estado democrático de derecho y Corrupción 15
Alcance de la democracia 15
Sentido del Estado democrático de derecho 18
Un factor socialmente negativo: la corrupción 23
Capítulo II.
Contexto de la corrupción en México 41
Preámbulo 41
El problema y las consecuencias de la corrupción 41
Costos 43
Percepción 44
MUNDO 49
AMÉRICA LATINA 52
NIVEL NACIONAL 53
Combate /Atención 59
MUNDO 59
NACIONAL 61
Sector Privado 68
Balance analítico 72
Capítulo III.
Sistema Nacional Anticorrupción 77
Relevancia de las instituciones 77
Sentido del Sistema Nacional Anticorrupción 82
Fundamentos constitucionales 83
Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción 84
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 84
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 95
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 118
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN 133
REFORMA AL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 143
Conclusión 147
Análisis del diseño institucional 147
Análisis de las restricciones en el diseño institucional
del Sistema Nacional Anticorrupción 153
Fuentes de Información 159 [free_reading] => La trascendencia de las instituciones en un mundo abierto, interactivo y comunicado es testimonio de que constituyen las reglas del juego que autorizan y limitan conductas individuales y colectivas con base en incentivos positivos y negativos. Su rol en la sociedad y el Estado son determinantes para estructurar las formas del desempeño individual y colectivo. Desde esta perspectiva, las instituciones se relacionan con la tarea de gobierno, gobernar y administrar la sociedad, así como el modo de establecer las pautas y procedimientos para impartir justicia. Las instituciones se encuentran en el centro de la tarea de gobernar en la medida que tienen atribuciones para fijar costos y beneficios a los diversos grupos de la sociedad. Se relacionan con el modo de gobernar desde el momento que se orientan a incentivar la cooperación social y amortiguar los conflictos, políticos, sociales y económicos con soluciones de política pública. Se relacionan con la administración de la sociedad porque la producción de bienes y servicios públicos se lleva cabo con decisiones y acciones, a fin de fortalecer las condiciones de la vida individual y colectiva. Son fundamentales para el mantenimiento del orden jurídico y político, desde el momento en que asumen la tarea de ejecutar las leyes mediante el binomio penalidades y sanciones cuando se infringen las normas de la convivencia productiva y social. Las instituciones se caracterizan por expresar valores, visiones, hábitos y normas que permiten moldear la conducta humana para que tenga sentido y fundamento en el mundo de las interacciones e incentivos. Por tanto, las instituciones son el referente más conspicuo para situar la vida colectiva sobre la base de prescripciones y oportunidades que se estructuran al dotar de elementos funcionales a las reglas encargadas de asegurar la necesaria certidumbre que exige la vida contemporánea. En este caso, la relevancia del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que situarse en el mundo de las instituciones que corresponden al Estado mexicano, dado que su diseño es un conjunto de reglas del juego encaminado a prescribir que los servidores públicos cumplan las tareas que tienen encomendadas con apego a la legalidad, la moral, la ética y la responsabilidad. Estos puntos cardinales son esenciales para configurar un servicio público serio y prestigiado, en momentos que en México, el tema de la corrupción se ha convertido en un asunto desfavorable que provoca el desprestigio de las instituciones del Estado. El Sistema Nacional Anticorrupción se anuncia desde las esferas del poder en abril de 2014 y es hasta el 2016, que cobra vida mediante siete leyes que dan cuenta de la problemática que genera al país y las instituciones públicas la corrupción. Ésta es un mal nocivo y corrosivo que provoca el descrédito no sólo en el orden jurídico y político vigente, sino en el sistema de autoridades constituidas, incluso de manera legal y legítima. En este caso, la corrupción provoca daño mayúsculo en el desempeño de los Estados y propicia que los ciudadanos y la sociedad civil en su conjunto, ingresen al terreno del desencanto. La corrupción, en consecuencia, tiene diversas formas de tratamiento institucional y en el caso de México, el Sistema Nacional Anticorrupción se ha convertido en una estrategia de gobierno para atenuar y desactivar los efectos corrosivos tanto de sus causas como efectos. Como estrategia de gobierno el Sistema establece los órganos, sanciones, penalidades, prevención y corrección de las faltas que se cometen en el servicio público, con el fin de evitar que el Estado sea un botín. Nada más degradante para un orden social, económico, jurídico y político que la corrupción merme su credibilidad y eficacia, desde el momento que el servicio público se convierte en sinónimo de conflictos de interés, cohecho, conflicto de intereses, soborno y prácticas de cleptocracia que hieren al mismo tiempo, la credibilidad que deben acreditar de manera continua las instituciones públicas. Un servicio público valorado como inmoral, no es garantía para que el Estado tenga legitimidad sana y sí, repudio público, el cual disminuye su grado de legitimidad. Un servicio público inmoral, abre las puertas a la decadencia futura del Estado, si están ausentes las medidas preventivas y correctivas que en la visión de un Estado de derecho, diluyan la corrupción. Un servicio público inmoral ocasiona que la administración del Estado sea visualizada como botín, patrimonialismo y clientelismo, con lo cual se quiebran los valores de la ética gubernamental y la responsabilidad colectiva. Desde el momento en que la corrupción se extiende con todo su esplendor en la vida de las instituciones, los resultados de gobierno no son eficientes, menos creíbles en cuanto que procuran el bien público. En este sentido, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene la expectativa para contrarrestar las causas y efectos nocivos de la propia corrupción, en momentos que México, tanto por percepción como por clasificación en los índices de medición internacional, dan cuenta de ocupar lugares nada decorosos, más aún, cuando se tienen las instituciones que deben ser las encargadas de frenar el oleaje de la propia corrupción. No obstante, es importante destacar que el Sistema Nacional Anticorrupción no es un dato en sí mismo, sino una herramienta de gobierno que se ha estructurado a partir de valores, acuerdos y negociaciones entre esferas de la sociedad civil y del ámbito gubernamental. Es una herramienta de gobierno que nace en medio del clamor extendido en la opinión pública de que la corrupción se ha convertido en uno de los problemas nacionales que más costos le generan a la sociedad, la economía y al desempeño de las instituciones. Es una herramienta de conjunto que se encamina a incidir en el freno a las conductas inmorales en el servicio público y tiene como objetivo reconstruir el prestigio del sistema de autoridades constituidas. Su misión es compleja, porque el combate a la corrupción es multifactorial y multicausal y por tanto, complejo. En consecuencia, la óptica más apropiada para explicar el Sistema Nacional Anticorrupción es como una estrategia de gobierno, diseñada para que se adopten las decisiones y acciones que permitan contrarrestar el flagelo de la corrupción, mismo que se sintetiza en la suma de conductas inmorales y perversas que ocasionan daños de fondo en las estructuras de la vida productiva y en el desempeño de las instituciones privadas, públicas y sociales. El presente trabajo tiene como objetivo analizar las restricciones que tiene el diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Se aborda esta investigación desde el ángulo del diseño institucional por dos motivos: uno, porque es alta la expectativa sobre el Sistema para emprender acciones eficaces que permita desmantelar las conductas y prácticas de la corrupción. Además, su cobertura nacional refuerza el interés para que sea una pieza determinante en el modo de desactivar y diluir tanto las causas como los efectos destructivos que la corrupción ocasiona. Actualmente el Sistema no tiene designado el Fiscal Especial en Materia de Delitos como Hechos de Corrupción, atribución que corresponde al Senado de la República y que por falta de acuerdo entre los legisladores de esa Cámara, no ha sido factible procesar el nombramiento de su titular. Es deseable en este sentido, que la designación del mismo sea efectiva lo antes posible. De otro modo, la falta de esa cabeza directiva lo convierte en un Sistema incompleto para tan importante tarea a cumplir. El segundo motivo refiere a que su diseño da la pauta para identificar si las piezas que lo integran pueden ser efectivas a partir de las reglas del juego que debe cumplir, es decir, de las normas constitucionales y jurídicas que lo sustentan. En este caso, hay por lo menos tres factores que no alimentan la expectativa de que sus tareas darán los resultados de fondo que se esperan lograr, a saber: 1) La relación desbalanceada entre el Comité de Participación Ciudadana -logro de la sociedad ante el Estado- y el Comité Coordinador -conjunto de dependencias que agrupan la participación del Estado en el combate a la corrupción-, situación que, desde el ángulo de las atribuciones de cada Comité, acentuará la relación asimétrica entre la sociedad y el Estado, al llegar a la etapa de la administración y la gestión del Sistema; 2) No se puntualizan de modo específico las necesarias tareas de coordinación entre los órganos e instancias que integran el Sistema y que son fundamentales para la acción de gobierno, para dar paso a los procesos de implementación de la política pública en la materia y 3) Las recomendaciones que el Comité Coordinador llegará a realizar para combatir, prevenir y sancionar la corrupción, así como la propuesta de mejoramiento institucional está en el plano de recomendaciones no vinculatorias, es decir, que no tienen carácter obligatorio ni imperativo para su estricto cumplimiento por parte de los actores definidos en la legislación correspondiente. El diseño del Sistema es complejo en su estructura, contenido y operación, porque en su ámbito habrán de fluir múltiples disposiciones reglamentarias, lineamientos y reglas de operación, así como manuales de procedimientos que se producen con la intervención de los cuadros burocráticos, dado que son los expertos en los detalles, las especificaciones y las puntualizaciones que pueden generar burocratismo, no necesariamente eficacia. En este sentido, el Comité Coordinador del Sistema tiene ventajas fundamentales sobre el Comité Ciudadano, dado que el dominio de las rutinas burocráticas y el quehacer de la gestión pública, es un factor que establece diferencias de fondo entre un comité y otro. Las oficinas de los gobiernos contemporáneos continúan siendo de carácter burocrático y eso es una ventaja sustancial para tener el control de los procesos institucionales que habrán de dar vida efectiva al Sistema. 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