No tiene artículos en su carrito de compras.

Total: MXN$0
Libros UNAM

Justicia indígena, derecho de consulta, autonomías y resistencias

Justicia indígena, derecho de consulta, autonomías y resistencias

 

ISBN: 9786073013246

Autor(es): Orantes García, José Rubén / Burguete Cal y Mayor, Araceli (coordinadores)

Editor/Coeditor/Dependencia Participante: Dirección General de Publicaciones

Formato: Libro Impreso

Disponibilidad: En existencias

MXN$340
ISBN/ISSN 9786073013246
Entidad Académica Dirección General de Publicaciones
Edición o Número de Reimpresión 1a edición, año de edición -2018-
Tema Sociología
Número de páginas 400
Tamaño 23 x 15.5 x 2.2
Terminado o acabado rústico
Idioma Español
Contenido Presentación

PRIMERA PARTE
JUSTICIA INDÍGENA Y JUSTICIA ESTATAL: CAMPOS DE INTERACCIÓN EN DISPUTA

SEGUNDA PARTE
DERECHO DE CONSULTA, RESISTENCIAS Y DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES

TERCERA PARTE
GOBIERNO INDÍGENA, MUNICIPIO Y AUTONOMÍAS

Detalles

Este volumen se organiza en tres partes que bordan sobre temas contemporáneos en torno a la justicia, autonomías, derecho de consulta y resistencias. Son planteamientos que, en su mayoría, ofrecen perspectivas en contraste, lo que muestra la diversidad y complejidad social, así como la variedad de puntos de vista analíticos, en un espectro de problemáticas de actualidad, a saber: las contradicciones entre legislaciones nacionales, estatales, municipales y las inherentes a los distintos grupos sociales referidos en esta obra: análisis del pluralismo jurídico y la interlegalidad mediante el recurso alternativo del derecho, entre otras. A través de estas realidades se examinan aspectos específicos como los derechos indígenas en el contexto de los cambios en el modelo neoliberal; las amenazas y la expansión de proyectos extractivos y de explotación de recursos naturales en las regiones indígenas, con el aval e incluso la protección de políticas públicas; la gestión y lucha por el agua y las actividades sociales, políticas y económicas en diferentes escenarios. En cada caso se logra atraer la complejidad de cada problemática a la que se enfrentan los pueblos indígenas y los enormes retos para la materialización de sus derechos de libre determinación y autonomía.
Los textos, en su conjunto, son relevantes e innovadores, al mismo tiempo que actualizan discusiones de un alto interés tanto teórico como práctico en México.

Orantes García, José Rubén

Doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable Miembro del SNI, Nivel I PRIDE, nivel C. Es investigador titular A, tiempo completo (definitivo) en el CIMSUR-UNAM. Sus líneas de interés son: antropología jurídica, peritaje antropológico, antropología política, movimientos sociales, culturas populares, identidad y género.

Burguete Cal y Mayor, Araceli (coordinadores)

Es licenciada en Sociología, maestra en Ciencias del Desarrollo Rural Regional y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Sociología, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es Profesora-Investigadora en la unidad Sureste del CIESAS, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Ha sido docente e investigadora en diversas universidades y centros de investigación como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM); el Instituto Nacional de Antropología e Historia (ENAH); el Centro de Investigaciones e Integración Social (CIS); el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM) y la Universidad Autónoma de Chiapas, entre otras.

Presentación A mediados de 2013 se planteó la propuesta de organizar el Encuentro pueblos y Fronteras 2014 con el tema de "Justicia indígena, derecho de consulta, autonomías y resistencias en México y Centroamérica". Se pretendía que el evento, coordinado por José Rubén Orantes García y Araceli Burguete Cal y Mayor, auspiciara en esta ocasión un foro en que se dieran a conocer resultados de investigaciones y se presentara un balance crítico sobre los aportes y retos de la antropología jurídica en la región, en los primeros años del siglo xxi. Se pondrían a discusión los grandes temas y problemas que han alimentado el debate de indagaciones que se realizan actualmente a partir de tres renglones: a) justicia indígena; b) derecho de consulta, y c) autonomías y resistencias en México y Centroamérica. El encuentro, que es organizado anualmente por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), antes Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se celebró del 28 al 30 de mayo de 2014. Ahí se dieron cita cuatro conferencistas magistrales. Oswaldo Chacón, de la Universidad Intercultural de Chiapas, inauguró los trabajos con el tema: "Balance y perspectivas de la teoría de los derechos de los pueblos indígenas". El 29 de mayo se presentaron Carlos Durand Alcántara, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, con "Construcción y deconstrucción de la antropología jurídica en el siglo xxi, una semblanza desde el problema de la hegemonía", y Scott Robinson, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, con la conferencia: "Megaproyectos y consultas: desafíos para las políticas públicas". El viernes 30, Leif Korsbaeck habló de "Cambio y continuidad en el aspecto jurídico del sistema de cargos en Mesoamérica bajo el impacto del neoliberalismo". Además hubo tres mesas de trabajo. En la primera, "Justicia indígena y justicia estatal: campos de interacción en disputa", investigadores como José Rubén Orantes García, María del Carmen Ventura Patiño, Elisa Cruz Rueda y Marcos Shilón abordaron la aplicación de la justicia desde las formas propias de la organización indígena en contraste con la del Estado mexicano. Conceptos como justicia multicultural, abtel pat'-o'tan y diásporas jurídicas fueron de gran interés y fomentaron el debate que se centró en la importancia de reconocer los conocimientos legales desde la población indígena, desde sus comunidades, desde sus categorías legales. En la segunda mesa, "Derecho de consulta, resistencia y defensa de los bienes comunes", Enriqueta Lerma, Ramón Martínez Coria, Edith Kauffer y Carlos Salvador Ordóñez hablaron de resistencia por la defensa de la tierra, del agua y de aquel espacio que, dentro de la cultura, significa un lugar sagrado; asimismo, enfatizaron el derecho de consulta y cómo se aplican estas legalidades a la población en resistencia, dejando en el aire la pregunta de si es necesaria la consulta para la aplicación de megaproyectos dentro de las políticas públicas para el reordenamiento territorial, pese a la resistencia de poblaciones vulnerables que defienden su suelo. Conceptos como 'derecho de consulta, 'derechos sobre la defensa del agua y étnorresistencias' dieron paso a una acalorada discusión. En la última mesa, "Autonomías, etnicidades en resistencias y luchas contra el neoliberalismo", Consuelo Sánchez, Araceli Burguete, Ricardo Romano, José Manuel Martínez, Estela Guevara y Miguel Ángel Sámano expusieron ideas y propuestas sobre la autonomía y las resistencias contra el neoliberalismo. En la primera parte se analizaron las políticas neoliberales, las practicas económicas y democráticas del país y de las comunidades; se aludió a la autonomía como un sinónimo de resistencia y un tipo de organización de la comunidad para la comunidad. En la segunda parte se retomaron principios autonómicos a partir de la concepción de resistencia y de cómo mediante esta se ha logrado defender los recursos territoriales de las comunidades indígenas. En este libro colectivo se reúnen, en tres capítulos, la mayoría de las ponencias del encuentro y dos de las conferencias magistrales, y trabajos de otros colaboradores que por una u otra razón no asistieron al evento pero decidieron sumar el resultado de sus investigaciones a este volumen. La primera parte, "Justicia indígena y justicia estatal: campos de interacción en disputa", incluye avances de investigaciones actuales en materia de aplicación de la justicia en la resolución de conflictos entre diferentes pueblos indígenas de México. Carlos Humberto Durand Alcántara plantea la necesidad de hacer una nueva interpretación de la antropología jurídica a partir del análisis del modelo hegemónico actual, emanado de un sistema neoliberal que pone en riesgo la juridicidad de los pueblos indígenas que sostienen una lucha constante por el reconocimiento de sus recursos naturales y territorios. También se bosqueja la diversidad de términos jurídicos emergentes en América Latina, partiendo de autores y de filosofías que van más allá del pluralismo jurídico y que hacen entender los diferentes procesos de construcción de lo jurídico, en realidades distintas. Se explican, asimismo, los movimientos emergentes desde el capitalismo y se plantean nuevos modelos legales que provoquen, según el autor, una interpretación de la justicia en y desde el ámbito indígena. Juan Carlos Martínez, a su vez, expone que si bien se han reconocido los derechos a los pueblos indígenas -centrándose en el derecho al territorio-, estos no han quedado garantizados en el marco de un Estado mexicano neoliberal, capitalista extractivista. Para revertir esta situación propone la creación de otras "estatalidades", es decir, un proyecto de los grupos subalternos (alianza de organizaciones) legitimado por el lenguaje del derecho, para enfrentar las políticas neoliberales. Analiza dos regiones: la chinanteca y la Sierra Norte de Oaxaca, que se oponen a los proyectos extractivistas del gobierno federal. Hace una descripción amplia de los pueblos, su organización y la articulación de un lenguaje de derechos comunes, para manifestar una resistencia. Explica cómo se asume desde la estatalidad un derecho de territorio y el reconocimiento jurídico entre el Estado y la comunidad. El autor parte de la política estatal y su eficacia para el otorgamiento de concesiones extractivas bajo el discurso del desarrollo, y se refiere a la manera en que las redes de protección de espacios concebidos como sagrados protegen y hacen valer esos derechos de pertenencia territorial ante los proyectos hidroeléctricos y mineros. A partir de un homenaje a Michell Alliot, fundador del Laboratorio de Antropología Jurídica en París, el texto de Akuavi Adonon alude a la impartición de justicia en los Altos de Chiapas con base en la creación de los juzgados indígenas y en los actores vinculados al ejercicio legal. La autora se apoya en el sistema jurídico mexicano para comprender el derecho indígena, retomando elementos que pueden ser un punto de análisis y discusión, como lo es el derecho indígena informal alternativo, que se implementa a través del Juzgado de Paz y Conciliación, y cómo se relaciona con las prácticas jurídicas estatales; cómo emerge el Juzgado de Paz y Conciliación desde sus primeros intentos de intromisión, en 1963. Reflexiona, desde una perspectiva comparada entre Chamula y Zinacantán, alrededor de la denominación de un juez y las prácticas de justicia indígena propias. Hace referencia a casos encontrados en los archivos de los juzgados y profundiza en la utilización de lo jurídico y de ciertas categorías que no son entendidas por los actores, pero sí planteadas por el derecho estatal vigente. José Rubén Orantes García centra su atención en los cambios en materia de justicia indígena en el municipio de Tenejapa, del altiplano chiapaneco, por motivo de la conversión del juzgado municipal a la figura de Juzgado de Paz y Conciliación Indígena (RO, en acato a las modificaciones constitucionales que se produjeron en Chiapas después del conflicto armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta nueva institución resitúa y resignifica las autoridades de los parajes y de la cabecera municipal en sus roles de impartición de la justicia. En esa intervención las autoridades del juzgado interpretan las normas del derecho estatal al mismo tiempo que recurren a sus antiguas normas, a los llamados "usos y costumbres". A esta superposición de marcos normativos, y de las múltiples interpretaciones a las que da lugar, la denomina 'hibridez jurídica. En el documento se detallan las tareas de las autoridades comunales y cómo se incorporan al ejercicio de la impartición de justicia desde el paraje hasta el municipio. Pone de relieve las tareas de los mayoles (policías) que son los servidores subordinados ejecutores de todas las funciones civiles y religiosas de las autoridades tradicionales y civiles del municipio tenejapaneco. El mayol está en el centro del conflicto, ya que en ocasiones recurre a la violencia para detener a los involucrados en los problemas legales. Por su buen desempeño podrá ascender a otros cargos de autoridad de mayor nivel, pudiendo ser reconocido como regidor, y eventualmente como juez o kunerol (presidente municipal). Ser mayol es el punto de partida de un ascenso en la escala de servicios, y después de haber ocupado el puesto de kunerol el individuo se convierte en uno más del grupo de los "pasados", que son hombres de edad madura, de reconocido prestigio. En el texto el autor hace referencia a algunos juicios y sus fallos, así como a las instancias y los estilos en la resolución de conflictos en el JPCI tenejapaneco. Dimensiona la importancia del juez, su experiencia y su estilo personal para poder llevar a buen puerto las disputas, evitar su prolongación y poder conciliar a las partes. Esta habilidad le debe permitir también conciliar con la observancia que hace el poder Judicial de su práctica, al tener dentro del juzgado a un abogado (hombre o mujer) contratado por el poder Judicial del estado, en el rol de secretario de actas, que vigila que los resolutivos no violenten las normas estatales. El juez debe asistir a diversos cursos de formación que lo instruyan en el marco normativo estatal. De su habilidad personal dependerá que logre interpretar el derecho propio al marco legal estatal, convenciendo a los tenejapanecos de la legitimidad y legalidad jurídica de sus decisiones. Esta habilidad se produce en un contexto de hibridación de la justicia. Cierra esta primera parte el texto de María del Carmen Ventura Patiño, quien se enfoca en el proceso legislativo estatal en materia de justicia para las comunidades indígenas en Michoacán. Al hacer mención de los sistemas normativos existentes en esta región, encuentra plasmada en la comunidad indígena purépecha su sistema de justicia alrededor del juez de tenencia y la lucha por su reconocimiento ante el poder Judicial. Ventura Patirio inserta la visión de una lucha entre mecanismos locales y comunales frente a la ley de justicia comunal, aprobada en 2007 por el Congreso de Michoacán. Esta ley introdujo un manual para la elección de jueces. Establece como requisitos, por ejemplo, que estos sepan leer, escribir y dominar la lengua, dejando de lado el prestigio y el reconocimiento desde su visión local. Por último encontramos una crítica y una preocupación por los cambios constantes del juzgado comunal o de tenencia, que ha propiciado la pérdida de su autonomía frente a otras instancias. En la segunda parte del libro, Derecho de consulta, resistencias y defensa de bienes comunes, Scott Robinson muestra las transformaciones sufridas por los territorios a partir de políticas públicas operadas por el Estado en detrimento de los bosques y los recursos del subsuelo. Como reacción, se crean organizaciones emergentes desde la sociedad civil y se interponen recursos de amparo, en un proceso de acción judicial en defensa de los derechos de tenencia y disfrute del territorio. En este proceso se observa un juego de poder entre partidos políticos y asociaciones civiles, donde cada uno pugna por un número acumulado de intereses de índole pública, y muchas veces privada. El autor hace referencia a lo que el derecho indígena desconoce y, por otro lado, integra la lógica de contrarrestar los efectos de los proyectos trasnacionales mediante la creación de alternativas locales para el desarrollo. Lo que debe existir en sí, sugiere, es el diálogo y la negociación entre estas dos perspectivas: por un lado, las políticas públicas y los intereses del Estado y, por el otro, la sociedad civil en resistencia, a través del manejo de las llamadas consultas para la negociación. La contribución de Enriqueta Lerma y Gabino Giovanni se centra en documentar el proceso de consulta que impulsó la Tribu Yaqui en contra del Acueducto Independencia, en el ejercicio de su derecho como pueblo indígena protegido por las leyes nacionales e internacionales. Dicho acueducto es una obra de infraestructura hidráulica que busca trasladar desde la presa hidroeléctrica Plutarco Elías Calles, El Novillo, en la cuenca del río Yaqui, 75 millones de metros cúbicos de agua a la cuenca del río Sonora, para el abasto de la ciudad de Hermosillo. En su lucha por la defensa del agua, los yaquis movilizaron diversos recursos jurídicos del derecho internacional, además de un fuerte respaldo de la sociedad civil organizada a través, entre otros, de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui (turco), que acompañó el proceso de consulta. En mayo de 2013, en un hecho histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de la Tribu Yaqui el amparo 631/2012 interpuesto en contra del Acueducto Independencia. En su alegato, los yaquis denunciaban que no se había realizado ninguna consulta para emitir el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para autorizar la obra. La resolución, con base en lo establecido en la Constitución y en acuerdos internacionales, determinó dejar sin efecto el MIA y ordenar a la dependencia federal que realizara una consulta según los siguientes principios: que fuera previa, culturalmente apropiada, informada y de buena fe. Este fue el principio de un proceso que se caracterizó por la ambigüedad en los resolutivos de la Corte; que si bien reconocía el derecho de consulta, era ambigua en cuanto al reconocimiento de los derechos históricos, culturales y jurídicos de la Tribu Yaqui. Esta ambigüedad abrió la puerta para que los intereses gubernamentales interpretaran a modo los resolutivos y continuaran con la construcción de la obra hidráulica. Los autores ponen de relieve la importancia de la acción de la sociedad civil que acompañó a los yaquis en los distintos momentos, ya fuera como observadores calificados, o bien haciendo uso de internet para recolectar 3 333 firmas electrónicas de apoyo a la tribu por medio de la plataforma de peticiones change.org; también mediante el envío de cartas dirigidas a los ministros como recordatorio de los compromisos de gobierno con los pueblos indígenas, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la consulta conforme a los estándares internacionales, entre otras acciones. Estas nuevas formas de lucha se enfrentaron, no obstante, a poderosos intereses económicos y gubernamentales que pasaron por encima de las normas nacionales e internacionales y de los derechos históricos y culturales del pueblo yaqui, por lo que la construcción del Acueducto Independencia no se canceló. El texto de Ana Hilda Ramírez Contreras y José René Córdova Rascón documenta los acelerados cambios que ha vivido el pueblo comca'ac (seri) en el norte del país, al pasar de una economía basada en la pesca y la recolección en el desierto de Sonora, a otra sustentada en su incorporación a la economía de mercado mediante el turismo. Al mismo tiempo, su dinámica social y sus instituciones pasaron de estar caracterizadas por la descentralización, a establecer nuevas formas de organización con poblados permanentes, en dos comunidades continentales: Punta Chueca y El Desemboque, además de la Isla Tiburón, con un estilo de vida que combina el mar y el desierto. Estos cambios se inscriben en una estrategia de supervivencia frente a un contexto hostil desde el siglo xvii, caracterizado por una política de exterminio que no pudo contenerse hasta principios del siglo xx. Los autores realizan un recorrido histórico que se remonta a los primeros contactos con el mundo occidental y al proceso de colonización mediante el cual se establecieron en el territorio autoridades españolas con bastones de mando. La región habitada por los comca'ac en el siglo XVII vivió continuamente en guerra contra los rancheros que se apropiaron de sus antiguos territorios. Esta guerra de exterminio se prolongó hasta principios del siglo xx. Los comca'ac vieron disminuidos su población y su territorio. Desde la perspectiva de los autores, el segundo tercio del siglo xx es un momento que hace posible el retorno de los comca'ac sobrevivientes a su suelo ancestral. Hubo que comenzar de nuevo, ya que sus territorios fueron ocupados por población mestiza. El cambio decisivo se produce en la segunda mitad del siglo xx, con la presencia del Instituto Nacional Indigenista que impulsó la dotación ejidal a los comca'ac, así como la restitución de la Isla Tiburón y un rediseño de la cooperativa pesquera, entre otras medidas impulsadas por la intervención gubernamental, que dieron lugar a nuevas formas de organización como resultado de la adaptación a los acelerados cambios ocurridos en dicho territorio. Miguel Ángel Sámano Rentería, por su parte, realiza un amplio recorrido por distintos países de América Latina amenazados por la expansión del capitalismo neoliberal y las empresas neoextractivistas, sobre todo las petroleras, las gaseras y las mineras, que gozan de la protección de los Estados para su expansión, en detrimento de los derechos colectivos indígenas. Está presente una disputa de dos enfoques sobre el territorio y sus recursos: el de la economía capitalista que los asume como mercancías, mientras que los pueblos indígenas los consideran esenciales para su supervivencia, además de atribuirles un valor cultural, simbólico, religioso y de tenerlos como parte de su cosmovisión. La lógica capitalista trata de despojar a los recursos de este significado para obtener ganancias por medio de su explotación y comercialización. Los pueblos no han sido pasivos frente a la presencia neoextractivista, y han resistido desde sus territorios. El territorio es el espacio donde los pueblos proyectan su permanencia y la continuidad de su vida colectiva; los nuevos movimientos sociales, en particular el movimiento indígena, tienen una base socioespacial; se trata de movimientos que valoran su territorialidad y defienden sus formas de vivir y de ver el mundo con una apropiación política del espacio geográfico. El autor realiza una revisión teórica del concepto de territorio, los cambios en su concepción, re-definida, a la luz de las tendencias neoliberales, por los actores locales que al desplegar luchas de resistencia la significan de múltiples formas, tanto políticas como identitarias. Desde la perspectiva de este autor, las luchas autonómicas que se extienden por América Latina se acercan a un perfil de movimientos socioespaciales. Compara esta experiencia con algunas otras en Bolivia, Ecuador y en distintas regiones de México, para dar razón de las formas en que se han materializado las resistencias indígenas en los territorios amenazados por el neoliberalismo. La autonomía en su relación con el autogobierno, la participación colectiva y la defensa de una identidad entraña movimientos visiblemente territoriales. La autonomía territorial implica el ejercicio de los derechos colectivos y la autodeterminación en el espacio que ocupan los pueblos y las comunidades indígenas. El autor afirma, en conclusión, el vínculo estrecho que existe entre territorio y autonomía. La tercera y última parte del volumen se titula Gobierno indígena, municipio y autonomías. Inicia con el texto de Araceli Burguete, "El gobierno indígena en Chiapas: una discusión contemporánea", que reflexiona sobre el concepto de gobierno indígena como categoría de análisis y como espacio clave en el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas, el cual debe ser retomado por los estudios antropológicos actuales, sobre todo por la antropología jurídica. La autora propone que, en el estado de Chiapas, las reformas constitucionales de 1999 han sido perjudiciales para los pueblos indígenas, ya que, bajo el aparente reconocimiento a sus autoridades tradicionales como sujetos de derecho, el Estado mexicano ha buscado ocasionar la pérdida de los espacios y las instituciones autonómicas de los indígenas. Es decir, el reconocimiento ha sido una estrategia contra-insurgente del Estado-nación luego de la emergencia del EZLN. Como consecuencia, la institucionalidad indígena ha sufrido un vaciamiento de su poder (alejando a sus autoridades del ámbito político) y la pérdida de autonomía. A pesar de esto, demuestra que en los tiempos presentes, el gobierno indígena (fruto de la articulación de diferentes cuerpos, entre ellos el ayuntamiento tradicional o ab'tel patan) continúa actuando dentro de los límites de la organización estatal y está siendo el protagonista activo de una lucha por el cogobierno, que tiene como escenario los municipios de los Altos de Chiapas, mostrando una permanente reelaboración y readaptación, como resistencia a su desaparición. Consuelo Sánchez, por su parte, documenta un proceso de consulta del "Anteproyecto de Iniciativa de Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal" (2014), dirigida a sentar las bases de una nueva relación de los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes con el gobierno de la Ciudad de México, en un marco de autonomía y libre determinación. En los primeros años del siglo se activó, en lo que fuera el Distrito Federal, un debate sobre la pertinencia de contar con una ley sobre derechos de los pueblos originarios y las comunidades indígenas y tuvo lugar la presentación de diversas propuestas de ley. La Asamblea Legislativa las turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes para su análisis, discusión y resolución. Luego de examinarlas, se resolvió aprobar el Dictamen de Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas en el Distrito Federal (2012). En los artículos transitorios de dicho dictamen se dispone la conformación de una Comisión de Seguimiento y un Comité de Mecanismo para el desarrollo de la consulta a los pueblos originarios y las comunidades indígenas, "con el objeto de obtener su consentimiento previo, libre e informado, de la medida legislativa propuesta". La autora fue invitada a participar como experta académica. En su texto hace el recuento del proceso y sus distintos momentos. La primera batalla, afirma, fue conceptual: delimitar al sujeto jurídico de derechos, distinguir entre los derechos de los pueblos originarios y las comunidades residentes; una medida inicial fue sustituir la iniciativa de ley aprobada por otra más afinada en términos jurídicos y políticos, que fuera coherente con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos de libre determinación y autonomía indígena y que tomara en cuenta las demandas de los pueblos indígenas planteadas en distintos foros, así como lo establecido en los Acuerdos de San Andrés. El Comité de Mecanismos desarrolló una agenda que incluyó el diseño de la consulta y sus distintos momentos. La autora relata las etapas y las dificultades a que se enfrentó el proceso y cómo se fueron encontrando las soluciones. Joel Aquino Maldonado y Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani centran su interés en el debate entre el municipio y la comunidad. Retoman los principios filosóficos, teóricos y políticos de la comunalidad para explicar la relación entre las comunidades y el Estado. Intelectuales indígenas de Oaxaca, en particular de la Sierra Norte o sierra Juárez, desarrollaron la teoría de la comunalidad para describir, en términos propios, la forma de organización y la vida colectiva de las comunidades indígenas, donde las personas que las integran primero tienen obligaciones y luego derechos. Desde ese punto de vista, el municipio es una institución occidental, impuesta y ajena a los pueblos indígenas. En el caso de Oaxaca dicha imposición se materializa mediante las políticas de Estado; así, aunque las autoridades hayan sido elegidas mediante el derecho electoral propio, la presión por someter el municipio libre a una regulación se ejerce desde las políticas estatales, pero se ignoran los principios políticos de la comunalidad. Una situación presente en México es que las reformas en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas no han logrado modificar esa relación, y la legislación siempre tendrá un alcance limitado si no se respeta el derecho a la autodeterminación de las comunidades que integran los pueblos. El modelo federal mexicano de tres niveles de gobierno contraviene directamente estos derechos autonómicos. En una segunda sección se aborda de manera comparativa la problemática de las comunidades de Guerrero y en particular sus formas de organización social, con énfasis en la dimensión regional. En tal caso destaca la participación de las organizaciones indígenas en las luchas por la autonomía que se remontan a décadas atrás, pero que la rebelión zapatista contribuyó a que su voz se escuchara y a que se avanzara en la organización autonómica. Pero no fue hasta 2014 cuando se modificó el marco jurídico estatal para reconocer derechos específicos a los pueblos indígenas y negros en la Constitución del estado; en la legislación se incorporan, entre otras cosas, el derecho a la libre determinación y a la autonomía; a la justicia indígena, y se define la "policía comunitaria" como un cuerpo de seguridad pública, reconocido de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y los pueblos indígenas. Los autores rematan con una reflexión sobre del devenir de estas reformas. Ricardo Romano Garrido contribuye con un estudio sobre la relación entre autonomía y municipio en el estado de Tlaxcala, en particular la autonomía construida mediante prácticas consuetudinarias en la organización social, y el impacto que sobre estas tienen los procesos de creación de nuevos municipios. El autor destaca la paradoja del proceso de municipalización en Tlaxcala cuando en 1995 dio paso a la creación de 16 nuevos municipios; desde su perspectiva, con la municipalización los pueblos indígenas y mestizos que pugnaron por la separación de sus cabeceras municipales lo hicieron como expresión de sus luchas autonómicas; pero contrariamente a lo esperado, su conversión hacia su condición de municipio libre redundó en pérdidas en su autonomía, ya que las decisiones y las prácticas políticas se ajustaron a los modelos de las democracias modernas imperantes en México, incorporándose a la lucha por el poder a través de los partidos políticos. Con esta forma de inserción municipal, afirma el autor, se desmantela el sentido de la obligación moral de servir a la comunidad para dar paso a la lucha de los grupos faccionales por acceder al poder y al control de los recursos municipales en juego, además de aumentar el control desde los grupos de poder para agenciar riqueza en un beneficio individual, más que grupal. Estas prácticas consuetudinarias de autogobierno (el sistema de cargos) son estructuras de poder de larga duración presentes en el devenir de las comunidades que la sustentan y que tienen una raíz colonial, pero que han logrado sobrevivir con cambios, ajustes e interacciones con otras estructuras de poder. El autor opina además que el reconocimiento del Estado a la autonomía era innecesario, puesto que el proceso autonómico de un pueblo, en la entidad tlaxcalteca, se consolida por el autorreconocimiento entre diversos pueblos de la región, que se frecuentan en sus respectivas fiestas patronales, como una forma de mantener alianzas simbólicas donde se reconoce su autodeterminación, y la decisión de salvaguardar su territorio. Los habitantes autorregulan los asuntos políticos asociados con el beneficio común. La autonomía no es resultado de un reconocimiento estatal, sino de los pueblos vecinos con los que interacciona. Romano pondera la importancia de la categoría de pueblo y su sistema de autoridades, como la base para la configuración de una identidad política con vocación autonómica, y su posterior conformación como municipio. En el documento pasa revista por los distintos momentos de formación de los pueblos y los municipios en la historia tlaxcalteca, desde la primera mitad del siglo xvi hasta 195, con un súbito crecimiento de 16 municipios más, para sumar un total de 6o que se mantiene hasta la actualidad; la cifra resulta elevada tomando en cuenta que Tlaxcala es el municipio más pequeño del país. Todos los trabajos contenidos en los tres capítulos que integran este volumen son investigaciones recientes que distan, en su mayoría, de coincidir en sus resultados, aunque sus diferencias son las que nos hacen entender la variedad de perspectivas analíticas; también dan originalidad y fundamento a la obra que, bajo el espectro de problemáticas predominantemente contemporáneas, revisan marcos jurídicos y figuras legales, en muchos casos renovadas recientemente; las contradicciones entre legislaciones nacionales, estatales, municipales y las inherentes a los distintos grupos sociales referidos; análisis del pluralismo jurídico y la interlegalidad mediante el recurso alternativo del derecho. A través de estas realidades se examinan aspectos específicos como los derechos indígenas en la evolución del modelo neoliberal, el dominio sobre los recursos de cada comunidad; la expansión de proyectos extractivos y de explotación de recursos naturales en las regiones indígenas, con el aval e incluso con la protección de políticas públicas; la gestión y lucha por el agua y las actividades sociales, políticas y económicas en diferentes escenarios. En cada caso se logra captar la complejidad de la problemática a la que se enfrentan los pueblos indígenas y los enormes retos para la materialización de sus derechos de libre determinación y autonomía. Todo indica que detrás de cada contribución están autores especializados y con trabajo de campo reciente en cada zona. Ello se respalda en evidencias empíricas debidamente documentadas y apoyadas en fuentes bibliográficas relevantes y recientes, aunque también existen múltiples referencias históricas, al menos cuando los casos lo ameritan. Con base en todo este recuento podemos decir que este volumen, en su conjunto, es relevante e innovador y que coadyuva a revitalizar una diversidad de enfoques con un alto interés tanto teórico como práctico en México y en Latinoamérica.

Justicia indígena, derecho de consulta, autonomías y resistencias

MXN

MXN$340

0