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    [author] => Andrés Ibáñez, Perfecto / Alexy, Robert
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Asimismo, se incorporan dos trabajos de Perfecto Andrés Ibáñez, "La argumentación probatoria y su expresión en la sentencia", donde se trata a la argumentación como medio legal de averiguación de hechos jurídicos relevantes y, en consecuencia, resolverlos conforme a derecho, y "Legalidad, jurisdicción y democracia", que analiza aquellos datos empíricos que pueden solventar la afirmación de que una legalidad, jurisdicción y democracia se encuentran recogidos en un proceso de transformación que impacta la estructura y funcionalidad del Estado. En efecto, es necesario el cambio de paradigma cultural para garantizar una política y democracia de calidad.
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Andrés Ibáñez, Perfecto
Director de la revista Jueces para la Democracia. Información y Debate; miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos; magistrado del Tribunal Supremo de España. Autor de El poder judicial, Justicia/conflicto; Los "hechos" en fa sentencia penal; editor, entre otras obras, de: Corrupción y Estado de derecho. El papel de la jurisdicción; Detención y prisión provisional, y La experiencia jurisdiccional del Estado legislativo al Estado constitucional de derecho.
Alexy, Robert
Catedrático de Derecho público y Filosofía del derecho en la Universidad Christian Albrecht de Kiel; miembro ordinario de la Academia de Ciencias de Gotinga y de la Asociación para las Ciencias "Joachim-Jungius', en Homburgo. De sus numerosas publicaciones se han traducido al castellano sus libros y colecciones de ensayos: Teoría de lo argumentación jurídica; Teoría de los derechos fundamentales; El concepto y lo validez del derecho; Derecho y razón práctica; Teoría del discurso y derechos humanos; La pretensión de corrección del derecho. La polémica Alexy/Bulygin sobre la relación entre derecho y moral.
    [toc] => Presentación  	IX
Rodolfo VÁZQUEZ
Ponderación, control de constitucionalidad y representación  	1
Robert ALEXY
I. Ponderación  	1
II. El control de constitucionalidad 	11
III. Representación  	12
La argumentación probatoria y su expresión en la sentencia  	19
Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ
I. Introducción  	19
II. Los hechos en el proceso  	22
III. Operar con "hechos"  	26
IV. Por qué ha de justificarse la decisión	34
V. ¿En qué consiste la justificación? . .	35
VI. Dinámica de la justificación  	38
VII. A manera de conclusión 	 46
VIII. Bibliografía  	51
Legalidad, jurisdicción y democracia  	53
Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ
I. Aproximación a un caso clínico  	53
II. Vicisitudes de la legalidad  	54
III. Política y derecho(s) 	59
IV. Ampliación del espacio público y desregulación 	 62
V. Novedades en el plano de la jurisdicción 	64
VI. Problemas de estructura y función . .  	67
VII. La cuestión cultural  	71
VIII. Crisis de la política y papel de la jurisdicción  	78
IX. Algo menos que unas conclusiones . .	81
X. Bibliografía  	85
    [free_reading] => La presente obra corresponde al tercer número de la serie Estado de Derecho y Función Judicial que se publica con los auspicios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este número se incluye un trabajo de Robert Alexy titulado Ponderación, control de constitucionalidad y representación, y dos trabajos de Perfecto Andrés Ibáñez titulados La argumentación probatoria y su expresión en la sentencia y Legalidad, jurisdicción y democracia. Los tres textos fueron presentados en el Tercer Seminario Internacional sobre Estado de Derecho y Función Judicial que se llevó a cabo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en mayo de dos mil cuatro, en cuya organización participó activamente el Instituto Tecnológico Autónomo de México a través del Seminario Eduardo García Máynez.
Robert Alexy analiza los conceptos de ponderación, control de constitucionalidad y representación como tres de los cinco elementos que forman el sistema conceptual del constitucionalismo discursivo. En cuanto a la ponderación, se señala que es uno de los principales temas en el actual debate sobre la interpretación de derechos fundamentales. Alexy define a la ponderación como la optimización relativa a principios contrapuestos, además describe su estructura e indica que la ponderación puede ser fragmentada en tres etapas: la primera establece los grados de insatisfacción de un primer principio; la segunda establece la importancia de satisfacer el principio opuesto, y en la tercera se establece si la importancia de satisfacer el segundo principio justifica el detrimento o la insatisfacción del primer principio. Y, en contra de las objeciones de Habermas, Robert Alexy muestra que mediante la ponderación es posible establecer la corrección de los juicios jurídicos dentro de un discurso de forma racional.
Sobre el control de constitucionalidad, se afirma que éste es la expresión de la superioridad o prioridad de los derechos fundamentales frente a -o en contra de- la legislación parlamentaria. La base lógica del control de constitucionalidad es la contradicción y es un concepto esencialmente proposicional y, por lo tanto, argumentativo o discursivo. La cuestión de la ponderación es el principal problema de la dimensión metodológica del control de constitucionalidad pues el asunto central es cómo se justifica el poder jurídico de un tribunal constitucional para invalidar actos del parlamento. Por tal motivo, el autor considera necesario analizar el concepto de representación pues el control de constitucionalidad sólo puede legitimarse si es compatible con la democracia. Robert Alexy apunta que la única manera de reconciliar el control de constitucionalidad con la democracia es considerando que aquel también es una forma de representación del pueblo y esto sólo es posible mediante el concepto de representación argumentativa. Señala que un modelo democrático adecuado no sólo debe incluir decisión sino también argumentación, razón por la cual la relación entre el pueblo y el parlamento no debe determinarse únicamente por votos, sino también por argumentos, en cambio, la representación del pueblo en el tribunal constitucional es puramente argumentativa. Por último, contra la objeción de que la representación argumentativa es sólo una quimera, Alexy establece que existen dos condiciones fundamentales para una verdadera representación argumentativa: la existencia de argumentos correctos o razonables y la existencia de personas racionales que estén dispuestas y sean capaces de aceptar argumentos correctos o razonables.
En La argumentación probatoria y su expresión en la sentencia, Perfecto Andrés habla del ejercicio de la jurisdicción como un proceso legal de averiguación o determinación de hechos controvertidos, jurídicamente relevantes, para resolver sobre ellos conforme a derecho. Dicho proceso permite acceder a un grado aceptable de certeza práctica sobre los hechos que sirven de base a la decisión judicial a través del fenómeno probatorio. Se analiza una cuestión que generalmente no se percibe como problemática, que es la de los hechos en el proceso, pues el proceso probatorio no se trata de hechos en sentido ontológico, sino de enunciados sobre hechos. Por tal motivo, también se explica cómo operar con tales enunciados, cómo debe ser el modo de proceder en el ámbito de la valoración de la prueba y señala que, aunque no existe un catálogo cerrado de reglas que pauten el modus operandi judicial, sí hay algunos criterios dignos de consideración.
De la misma manera, el autor pone énfasis en que la responsabilidad del juez se ha convertido cada vez más en la obligación de justificar sus decisiones ya que el conocimiento obtenido mediante la inducción probatoria es conocimiento probable por lo que es preciso acreditar que la decisión no es arbitraria sino que se funda en razones objetivables. Esta garantía tiene que ver con el rigor en la selección y el tratamiento de las fuentes de prueba, en la calidad de las máximas de experiencia aplicadas a la producción de distintos elementos de prueba y en la puesta en relación de estos entre sí. Además se describe en qué consiste la justificación y cuál es su dinámica y se hace la aclaración de que no todos los casos de valoración y justificación de la decisión exigen el mismo esfuerzo, pero que en todos habrá de hacerse lo necesario para que el lector de la sentencia pueda tener claro: las hipótesis de partida, las fuentes de prueba utilizadas y los medios para examinarlas, los elementos de prueba obtenidos y su aportación al resultado. Es importante que todos estos puntos se expresen de forma clara en la sentencia ya que, como indica el autor, el lenguaje de las sentencias traduce una forma de concebir la jurisdicción pues la manera de argumentar sobre la prueba, de discurrir sobre los hechos y de practicar la motivación es más que una cuestión técnica, remite a un asunto de fondo que es el modelo de juez que, en realidad, se quiere o no se quiere.
En Legalidad, jurisdicción y democracia, Perfecto Andrés realiza un análisis de los datos empíricos que pueden servir de fundamento real a la afirmación de que legalidad, jurisdicción y democracia se hallan inmersas en un proceso de transformación. Se toma como "caso clínico" la situación político-institucional de España para ilustrar de qué manera se proyectan los datos empíricos en el perfil de cada integrante del trío legalidad, jurisdicción y democracia, y cómo inciden en el modo de relacionarse entre sí.
El autor describe el modelo de Estado constitucional de derecho en relación con la realidad política española y apunta que el desarrollo de la dimensión normativa y el de la dimensión político-empírica del nuevo modelo de Estado constitucional no han ido de la mano ni se han producido con la deseable sincronía dando lugar a problemas de estructura y funcionalidad. Por otra parte, se examina la cultura jurídica como otra cuestión problemática central y se señala que no se ha producido el cambio de paradigma cultural suficiente para que el Poder Judicial sea eficaz, y satisfacer así la precondición para una política y una democracia de calidad.
De lo expuesto, Perfecto Andrés extrae como consecuencias que el modo de ser actual de la jurisdicción depende, en gran medida, de datos objetivos y de modificaciones político-estructurales propias de la transformación del Estado en constitucional de derecho. Por tal motivo, es necesario un esfuerzo de readaptación a las nuevas necesidades para no reducir el papel constitucional del juez, sino poner al juez en condiciones de responder a las exigencias del nuevo modelo.
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