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Es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, Coordinador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico de México. Asimismo, se desempeña como coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social y es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Obtuvo su licenciatura en economía en la UNAM y realizó estudios de posgrado en la London School of Economics en Londres, Inglaterra. Cordera recibió en 1998 el Premio Universidad Nacional en investigación en el área de Ciencias Económico- Administrativas. Presidente de la Fundación Pereyra, A.C. Rolando Cordera, entre más de setenta artículos y ensayos, es autor de Las decisiones del poder, 1989; coautor, con Carlos Tello, de La disputa por la Nación; coordinador y coautor de los libros: Desarrollo y crisis de la economía mexicana, 1981; La desigualdad en México; El reclamo democrático, y autor del libro Crónicas de la adversidad, Cal y Arena, 1999.
[toc] => Reconocimientos y algo más 11
1. La desigualdad: hacia un panorama general 17
Introducción 17
Del ajuste al desbarajuste 22
II. La perenne desigualdad: nuestra marca histórica 42
A manera de introducción 42
Repaso memorioso 50
Mutaciones económicas, democratización y desigualdad 57
Paradojas democráticas 68
La desigualdad y sus enigmas 81
Entre el privilegio y la pluralidad. La desigualdad y la democracia. La vulnerabilidad y la seguridad 84
III. La mesa de tres patas: sobre la reforma social del Estado 91
De dónde partimos 91
Introducción 92
La globalización y el doble movimiento de la sociedad 94
La reforma que falta 98
Crisis de la forma de desarrollo, crisis de la política social 103
El reto de la equidad 106
El panorama de la reforma 114
IV. De la compensación social al desarrollo con equidad y democracia 121
Introducción 121
La política social en retrospectiva 124
Las políticas sociales en el marco de la reforma económica del Estado 127
La política social del PAN 130
Retos de la política social 131
Compromisos hacia adelante 140
V. Democracia y equidad: el eslabón perdido 144
Introducción 144
Tensiones democracia-igualdad 145
Relaciones veleidosas 149
Obstáculos contra la igualdad 153
Cambiar los términos de referencia 155
Reemprender el desarrollo 157 [free_reading] => I. LA DESIGUALDAD: HACIA UN PANORAMA GENERAL Allí donde existen GRANDES patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber quinientos pobres, y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos. ADAM SMITH INTRODUCCIÓN En 1988, hace poco más de un cuarto de siglo y del nacimiento de más de una generación de nuevos mexicanos, el país se reconoció de manera abrupta y para no pocos hasta traumática como una sociedad crecientemente urbana, concentrada en ciudades grandes y medianas, a la vez que dispersa en miles de pequeñas, minúsculas poblaciones; semiindustrializada y poseedora todavía entonces de una "nueva grandeza" petrolera enterrada en el subsuelo; capaz, como sociedad organizada en un Estado nacional, de afrontar la adversidad del draconiano ajuste para pagar la deuda externa, a la que fue sometida desde 1982, así como la que le impuso la tierra cruel con sus sismos en 1985; y al mismo tiempo, una comunidad secular y agudamente desigual, abrumada por la pobreza de masas extendida del campo, sus selvas y sus montañas, hacia las ciudades. Una sociedad carente de canales y mecanismos eficaces, de instituciones en su sentido más alto, para representarse en los poderes constituidos y enfrentar la cauda de poderes reales, de hecho, que hicieron avanzar su presencia e influencia al calor de la propia crisis política, financiera y económica, que arrancara casi una década antes de aquel año. Lo anterior debía llevar a un reconocimiento obligado por parte de la sociedad y del Estado, si lo que se quería era revisar el rumbo seguido para trazar otra ruta que le permitiera al país en su conjunto reencontrar el crecimiento económico extraviado, asumir y encauzar el cambio político y mental emanado de sus transformaciones en el carácter y la estructura social, y abocarse a la difícil pero viable y necesaria tarea de redistribuir ingresos y riqueza. Desde este proceso redistributivo inscrito en un contexto de cambio social y cultural mayor que, pese a toda la adversidad que se vivía, estaba en curso, podía aspirarse a darle al desarrollo otra impronta, impuesta por las propias mudanzas del cuerpo social y por el clamoroso reclamo democrático, humano y político, que se había dejado oír con fuerza en las urnas, las calles, las aulas y los campus. México tenía ante sí lo que debía haberse entendido como un inevitable cruce de caminos que hacía poco aconsejable los rodeos y las posposiciones tan habituales en las costumbres del poder y la política tradicional. Asumir tal descubrimiento podría habernos llevado por direcciones más promisorias y sin duda a nuevas y más complejas encrucijadas. Asimismo, con la ayuda de más robustas capacidades para el diseño y la acción colectivos, mediante la democracia de los ciudadanos, con renovadas organizaciones sociales de trabajadores urbanos y productores rurales, y de las nuevas capas citadinas que exigían otras formas de justicia social mediante la producción y distribución de bienes públicos de consumo colectivo, como la tierra y la casa, a acometer proyectos de igualdad social y creatividad cultural y económica. No ocurrió así, pero hay que reconocer que no se trató de un ejercicio de sublimación y olvido tajantes de la realidad circundante. De hecho, desde antes, en diciembre de 1976, en ocasión de su toma de posesión como presidente de la República, el licenciado José López Portillo había asumido como compromiso fundamental de su gobierno la superación de la marginalidad y la vulnerabilidad sociales que su solitaria campaña electoral le había llevado a descubrir. A esto siguieron importantes decisiones y acciones en el campo de la intervención social del Estado: asignaciones presupuestarias significativas para apoyar a los grupos y regiones marginadas y vulnerables; fortalecimiento de la producción agrícola básica y mejoramiento de la alimentación de los mexicanos, además de una notable producción de conocimiento sobre la sociedad con fines de acción e intervención públicas.' Todo ello sostenido en un auge económico singular emanado de la riqueza petrolera que abrió fuentes de empleo, ingresos y ganancias, y que parecía no tener fin. En septiembre de 1982, en su último Informe de Gobierno, el presidente López Portillo tuvo que admitir que sus proyectos de redención social habían fallado o quedarían inconclusos, mientras empezaba a aplicarse un ajuste a las finanzas y la actividad económica que no podía sino revertir, cuando no desvanecer, los avances logrados en el frente social y productivo. Así sobrevino la llamada "década perdida", que en algunos de los aspectos esenciales del desempeño económico y social del país se ha extendido hasta el presente trazando una trayectoria histórica del desarrollo nacional muy por debajo, en su dinámica, de la que México había cursado a partir de los años treinta del siglo 3o(. Y, lo más grave, por debajo de las tasas de crecimiento socialmente necesarias. Por su parte, de cara a seis años de retracción económica y empobrecimiento de masas, el presidente Salinas de Gortari reconocería en 1988 las magnitudes oprobiosas de una cuestión social acrecida y profundizada por la pobreza y la agudización de la concentración del ingreso y los accesos a la protección de los derechos sociales. "El propósito medular de la Revolución mexicana -advirtió Salinas al tomar posesión como presidente de la República-, que es el de la justicia social, no ha sido alcanzado." Como había sucedido 12 años antes con el presidente López Portillo, a esa admisión siguió el despliegue de programas, acciones y proyectos; asignaciones presupuestales y discursos articulados por la reivindicación de la solidaridad, como valor republicano y actual. En el programa que llevaba precisamente ese nombre, el gobierno buscó introducir nuevas formas de relación entre el presidente y los grupos marginados y sustentar su acción contra la pobreza en la participación activa de comunidades organizadas, cuyas demandas deberían orientar la composición del Pronasol, sus articulaciones políticas y sus modificaciones programáticas. 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